La inteligencia artificial (IA) ha evolucionado de ser una mera proyección futurista para convertirse en una realidad omnipresente. Esta capacidad de las máquinas para llevar a cabo acciones autónomas está revolucionando diversas industrias.
En este contexto, el sector jurÃdico no debe permanecer inmune a esta transformación y aunque pueda parecer que la Inteligencia Artificial es cosa de ingenieros, en este artÃculo, examinaremos el rol crucial que deben desempeñar los abogados y juristas en la sociedad de la inteligencia artificial y cómo adaptarse para enfrentar los cambios que esta revolución tecnológica implica.
SUPERVISÓN Y COMPRENSIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La utilización de la IA en el ámbito legal representa una oportunidad sin precedentes para los juristas quienes tienen entre manos la oportunidad de mejorar la prestación de servicios jurÃdicos añadiendo eficiencia a su dÃa a dÃa.
Sin embargo, a pesar de las ventajas que la IA aporta y su capacidad para automatizar tareas, la figura del jurista sigue siendo fundamental. El profesional del derecho, al hacer uso de la inteligencia artificial adquiere una responsabilidad en relación a las decisiones tomadas por esta. Ya hemos escuchado todos el caso del juez en Estados Unidos que ha condenado a dos abogados a abonar una sanción de 5.000 dólares (equivalente a aproximadamente 4.500 euros) por haber presentado un documento redactado por la conocida herramienta de ChatGPT, la cual generó una serie de precedentes legales ficticios (las famosas alucinaciones). Y es que a diferencia de los juristas, la IA carece de comprensión legal y conocimiento de las leyes y normativas. Por lo tanto, es esencial supervisar y guiar su funcionamiento.
Estamos pendientes de Harvey IA, la primera herramienta de inteligencia artificial especialmente diseñada para el sector jurÃdico que puede ser la primera solución real para el asesoramiento jurÃdico.
El manejo de datos sensibles es otro aspecto crÃtico. Algunas herramientas de IA requieren acceso a información confidencial para funcionar correctamente, lo que exige un manejo meticuloso de la privacidad y los derechos de autor. De nuevo la presencia y supervisión del jurista son esenciales para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar problemas propios y a los clientes.
Asesoramiento legal en la Implementación de la inteligencia artificial
A medida que las empresas y las instituciones gubernamentales adoptan la IA en sus operaciones, los abogados deben desempeñar un papel esencial en la evaluación y mitigación de riesgos. Esto incluye la revisión de contratos relacionados con la Inteligencia artificial, la asesorÃa en la propiedad intelectual del contenido y los datos que alimentan los algoritmos y la gestión de posibles disputas relacionadas con sistemas de Inteligencia artificial por ejemplo con la generación de sesgos o el uso del reconocimiento facial. Los profesionales del derecho deben ser capaces de comprender y traducir la complejidad técnica de la Inteligencia Artificial en riesgos y en oportunidades.
El Futuro de la abogacÃa en la revolución tecnológica de la inteligencia artificial
La rápida evolución de la tecnologÃa de IA exige que los abogados se comprometan con la educación continua y la actualización constante de sus habilidades. Esto implica la comprensión de los aspectos técnicos de la IA, asà como la capacidad de anticipar y abordar los desafÃos legales emergentes en este campo evolutivo.
Los juristas que se familiaricen y utilicen las herramientas de IA desde temprano obtendrán ventajas competitivas al ofrecer servicios pioneros y adaptarse ágilmente a las evoluciones tecnológicas. A pesar de la automatización, el factor humano seguirá siendo esencial en el ejercicio legal, dada la complejidad de las relaciones humanas y los contextos legales.
Los abogados no solo deben entender los desafÃos legales que plantea la IA, sino que también deben estar dispuestos a colaborar con expertos en tecnologÃa formando equipos multidisciplinares para diseñar herramientas efectivas que tengan en cuenta temas como la propiedad intelectual, la privacidad, la protección de datos o la ciberseguridad y que respeten las regulaciones existentes y venideras para garantizar la protección de los derechos de las personas y las empresas.
